¿Transferencias de recursos a poderes del Estado están al corriente?
Existen un total de tres suspensiones que se han emitido por parte de autoridades judiciales
El Gobierno de Nuevo León anunció que se mantiene al corriente en sus transferencias de recursos a los poderes del estado.
La más reciente transferencia bancaria a los poderes se realizó el pasado viernes 12 de enero.
“En el marco actual de reconducción presupuestal, el Gobierno del Estado cumple con la Ley de Egresos publicada el 1° de enero de 2024, por lo que el pasado viernes envío a los poderes el mismo monto de aportaciones estatales que se les transfirió en enero 2023. El Gobierno del Estado no tiene facultades para determinar en qué se aplican los recursos que se transfieren a los poderes”, anunció en un comunicado.
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Hay que recordar que el pasado 14 de diciembre, el gobierno anunció que el total de los recursos transferidos este día a poderes y organismos autónomos suma 334 millones de pesos. En lo que va del año han recibido 7 mil 661 millones de pesos.
Recursos a poderes del Estado
Los poderes y organismos autónomos que recibieron las transferencias de recursos son:
- Fiscalía General de Justicia del Estado
- Congreso del Estado
- Poder Judicial del Estado
- Auditoria Superior del Estado
- Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
- Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
- Comisión Estatal de Derechos Humanos
- Tribunal Electoral del Estado
El 11 de noviembre del año pasado, Carlos Garza Ibarra, secretario de finanzas y tesorero general del Estado, informó a los alcaldes que conforman el denominado grupo Pacto Nuevo León que no consideren los recursos del presupuesto 2023 para este año, esto debido a que existen suspensiones judiciales que imposibilitan la entrega de fondos a municipios.
A través de un comunicado oficial, el gobierno de Nuevo León informó que la entrega de recursos correspondientes a la Ley de Egresos de 2023 está suspendida debido a que se encuentra impugnado ante Tribunales de Justicia Administrativa tanto federales como locales, esto debido a que no se incluyó a todos los municipios en el reparto de recursos.
Bajo este contexto, existen un total de tres suspensiones que se han emitido por parte de autoridades judiciales, las cuales “prohíben a la Tesorería pagar el fondo hasta en tanto quede resuelto en definitiva, en calidad de cosa juzgada, lo que podría tardar meses o años”.
