Compra de Iberdrola vs la congruencia del Estado mexicano
Por Carlos Aurelio Hernández González | Vicepresidente de Energía Renovables de la Comisión Nacional de Energía COPARMEX
En días recientes la Presidencia de la República anunció que a través de un vehículo de inversión operado por Mexico Infraestructure Partners (MPI), en conjunto con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y la banca de desarrollo, se realiza la compra por 6 mil millones de dólares de 8 mil 539 megawatts (MW) de activos de generación a la empresa Iberdrola.
Es importante señalar que dicha transacción NO es una nacionalización ya que seguirá el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). También es relevante que exista transparencia en los términos y condiciones en los que se emitirá la deuda, así como en los accionistas del Estado que participarán en conjunto en el vehículo de inversión que se creará.
Si bien es importante que el Estado mexicano invierta en generación de energía eléctrica, se deja de lado rubros que son de la principal preocupación y ocupación de las empresas mexicanas, como el aumentar la capacidad de transformación a través de las inversiones en Transmisión y Distribución, así como en energía con cero emisiones contaminantes.
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Cabe mencionar que los activos de generación hoy en día ya son representados en el mercado por CFE Intermediación dentro del MEM; ahora serán operados en sitio, así como los mantenimientos de las Centrales Eléctricas.
De dichas Centrales Eléctricas 7 mil 400 MW son bajo la figura de productor independiente de energía (PIE), y sociedades de “autoabasto” por mil 139 MW.
Con la Reforma Eléctrica del 2021 y la Reforma Constitucional de 2022, el principal objetivo era que dejarán de existir dichas figuras legadas. En ese tenor debe de existir congruencia en el Gobierno Federal y se deben de realizar las migraciones de dichas Centrales Eléctricas al MEM.
Así mismo, el reciente acuerdo de la CRE que reanuda los plazos para su tramitología presentará un reto a las empresas consumidoras que se encuentran en las sociedades de autoabastecimiento, ya que la CRE debe garantizar sus exclusiones de los permisos de generación, así como el CENACE su salida de los Contratos de Interconexión Legados.
De igual forma, se debe de garantizar y respetar el derecho de elegir de las empresas para que vean los beneficios de la libre competencia y no obligarlos a comprarle a la CFE; si lo van a hacer que sea por mejores condiciones de suministro y servicio.
La operación en sitio y mantenimiento de las Centrales Eléctricas debe de garantizar que se llevará a cabo con la mayor eficiencia y eficacia posibles; es decir, que no exista una sobreoferta de mano de obra o sobreprecios en las compras de los insumos requeridos.
Ahora que el Estado mexicano controlará más del 51%, es de vital importancia que la CRE vuelva a nombrar al Monitor Independiente del Mercado (MIM), con la finalidad de que exista un tercero externo que coadyuve a las labores de vigilancia del mercado y sea transparente en la publicación de la información sobre el desempeño del MEM.
También toma la mayor relevancia el que la CRE publique el acuerdo para que se nombre a un perito tercero experto que verifique el cumplimiento y valide los parámetros de referencia, así como los criterios de operación de las Centrales Eléctricas. Igualmente, que se publique el acuerdo de las instrucciones de despacho, el manual de servicios conexos y que se reanuden los plazos de acuerdo a la ley y SIN el pretexto del COVID.
Con dichas acciones se podrán prevenir las prácticas monopólicas y ayudar a que se favorezca la libre competencia dentro del MEM, ahora que se tendrá un agente económico preponderante en la generación de energía eléctrica. También se darían señales favorables a la participación de las Empresas en el MEM, donde con la oportunidad histórica del “nearshoring” las inversiones que se internen en México puedan llevar a cabo sus planes de descarbonización y cumplir con sus objetivos en el corto, mediano y largo plazo.
En resumen, es bueno que el Estado invierta en generación, pero deja de lado inversiones urgentes en transmisión, distribución y en energías limpias, lo que actualmente frena la actividad económica de México al ser tareas exclusivas del Estado. Asimismo, la CRE y el CENACE deben de dar certidumbre de un piso parejo para que todas las empresas puedan participar sin prácticas que dañen el buen funcionamiento y desempeño del MEM.
