El presidente y su abanico de planes
El fin de semana el líder del Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó lo que desde ya se vislumbra como el Plan D: una consulta popular en agosto de 2024, después de las elecciones generales, para definir el futuro de los miembros de la SCJN y lo que tendría que ocurrir con sus “privilegios”.
Para la Cuarta Transformación no existe más negociación que la imposición, el sometimiento como política de Estado, el “si no estás conmigo estás contra mí”, una política en donde los grises desaparecen del espectro quedando reducido a una sucesión de blancos y negros. Y cuando la imposición no alcanza sus objetivos últimos siempre existe un plan B, un Plan C y, por qué no, una sucesión de proyectos que de hacerse necesario, como los huracanes, pueden alcanzar todas las letras del alfabeto.
Todo esto viene a cuenta por el trayecto que ha seguido la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que el presidente presentó al Legislativo la última semana de abril del año pasado y que no obtuvo los votos suficientes frente a la falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas representadas en ese órgano.
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Ante este fracaso el partido en el poder, Morena, dispuso un “imaginativo” plan para mediante argucias legales darle la vuelta a la Constitución, un proyecto en el que fueran suficientes los votos de sus legisladores para hacer viable, por lo menos parcialmente la iniciativa del Ejecutivo. Fue así como el 23 de febrero el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, dispuso la publicación de la segunda parte del llamado Plan B, porque hay que aclararlo, dos leyes del mismo proyecto ya habían sido aprobadas con anterioridad.
Pese al desaseo mostrado a lo largo del proceso legislativo, el presidente y sus “aliados” se vieron sorprendidos luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la primera parte de ese proyecto, es cuestión de días para que el resto corra con la misma fortuna.
Ya en un estado de frenesí, el martes pasado fue lanzado desde Palacio Nacional el Plan C, una propuesta que consiste básicamente en buscar que Morena obtenga las dos partes del Congreso durante las elecciones del próximo año para desde ahí castigar al Poder Judicial. Frente a un grupo de ministros que se niegan a bailar al ritmo que les toca el presidente, éste quiere básicamente, además de hacerlos caer en el desprestigio, defenestrarlos y poner en las manos de ese intangible llamado “pueblo” su elección. No importa que quienes lleguen al cargo tengan el nivel de especialización que el puesto requiere, total, en la Cuarta Transformación la “honestidad”, entendida como lealtad al presidente, es lo que cuenta en un 90%, con el 10% es suficiente para desempeñar el cargo, el resto se puede ir aprendiendo en el camino.
El fin de semana el líder del Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó lo que desde ya se vislumbra como el Plan D: una consulta popular en agosto de 2024, después de las elecciones generales, para definir el futuro de los miembros de la SCJN y lo que tendría que ocurrir con sus “privilegios”. Llama la atención la fecha fijada, por lo oneroso que resultaría para la hacienda pública realizar una consulta tan cercana a un proceso electoral cuando se podría efectuar en paralelo únicamente agregando una boleta extra. Esta claro que el partido en el poder se prepara ante un posible fracaso en el Legislativo y el presidente no quiere terminar su mandato sin hacer pagar a los ministros el haber ejercido sus facultades.
Edomex: ¿alegar fraude?
El próximo jueves 18 de mayo está programado el segundo debate entre candidatas a gobernadora del Estado de México. A pesar de que Delfina Gómez supuestamente mantiene su ventaja después del primer debate -supuestamente, pues por su pésimo desempeño es inexplicable que eso haya sucedido-, en la dirigencia de Morena se ve preocupación y ansiedad, no sólo por el debate -con todo y que quitaron a Pamela Cerdeira como moderadora-.
Porque lo que los números reales les dicen, es que se está estrechando cada vez más el margen entre Delfina y Alejandra del Moral. El dirigente de Morena y el coordinador de la campaña, Mario Delgado y Horacio Duarte respectivamente, ya lo hablaron con el presidente, los diputados de Morena y con los gobernadores, a quienes han pedido su apoyo, sobre todo a los de las entidades vecinas, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y, por supuesto, Ciudad de México.
Desafortunadamente para Delfina, su equipo de campaña también se está percatando que, fuera de mandar funcionarios para tomarse foto con la candidata -como el jefe de la Oficina de la gobernadora de Guerrero, Jesús Eugenio Urióstegui, evidenciado este domingo en Reforma-, no hacen mucho las gobernadoras y los gobernadores morenistas, empezando por la Jefa de Gobierno de la CDMX en la zona metropolitana, de quien ya se tiene el antecedente que a su equipo no se le da la operación electoral.
En vía de mientras, una de las líneas que se ha mantenido en la campaña morenista, es seguir difundiendo resultados de encuestas “patito” que dan una amplia ventaja a Delfina y actuar como tal, no sólo por la percepción de triunfo irremediable antes de los comicios para desalentar el voto a favor de su adversaria, sino también por si se presenta un resultado muy cerrado o un triunfo de Del Moral -que ya lo están viendo probable-.
Es decir, en esos dos último escenarios -elección cerrara o triunfo de la priista-, volver al viejo argumento del fraude, al pretextar que no corresponden los resultados electorales con los estudios de opinión, por aquello de que en Morena, una encuesta es tan infalible que puede definir el futuro del país, mientras unos comicios siempre son sospechosos cuando no favorecen a Morena y a su líder.
Una derrota de Morena en el Estado de México tendría repercusiones en las elecciones de 2024, pues quedaría claro que la nueva maquinaria electoral del partido oficial es fuerte, pero no es suficiente para hacer ganar a cualquier candidata o candidato. De ahí que alegar fraude siga siendo la opción para un régimen donde victimizarse es un modus operandi de la política.